Vive Andalucia

Cuestión de creencias

Jesús Manzano Florido / 13-08-2011 17:53:42

Aprovechando la visita del Santo Padre a Madrid e inmerso y tocado por este halo de recogimiento, estos días me encuentro reflexivo. Fruto de esta reflexión sobre los orígenes de la vida, el papel de la persona en la humanidad, el bien o interés general... he llegado a la conclusión de que cuando el fin justifica los medios, las cosas suelen finalizar mal para aquel que pone los medios. Y esto es lo que el nuevo gobierno de Carmona está haciendo con el interés general.

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Tribuna Libre

Aprovechando la visita del Santo Padre a Madrid e inmerso y tocado por este halo de recogimiento, estos días me encuentro reflexivo. Fruto de esta reflexión sobre los orígenes de la vida, el papel de la persona en la humanidad, el bien o interés general... he llegado a la conclusión de que cuando el fin justifica los medios, las cosas suelen finalizar mal para aquel que pone los medios. Y esto es lo que el nuevo gobierno de Carmona está haciendo con el interés general.

Cierto es que cuenta con la legitimidad de los 5321 votos obtenidos por el PP que le dan sólo sus 9 concejales, insuficientes para definir unilateralmente lo que es el interés general y por ello debe ser extremadamente escrupuloso a la hora de concederlo.

Digo esto, porque Juan Ávila, durante el último pleno, aprobó inicialmente la declaración de interés público de varias actividades propuesta. En concreto, una explotación de recursos mineros, que en lenguaje coloquial es una cantera; un centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil, para entendernos una chatarrería y una planta de limpieza mediante chorro de arena. Todo ello aprobado bajo el discurso de atraer inversiones que generen empleo y riqueza.

No es algo nuevo, el anterior Alcalde, Antonio Cano Luis ya planteó durante su mandato las mismas posibilidades para proyectos similares, sin hablar del anterior gobierno de Sebastián Martín Recio, que hizo exactamente lo mismo. La diferencia está en los medios: una cosa es facilitar una declaración puntual y otra muy distinta promover un “pelotazo” urbanístico. Es ahí donde un alcalde debe definir las líneas rojas que separan una decisión política que favorece a la ciudad de un movimiento especulativo alejado de la ordenación y disfrazado de coartada en tiempos de crisis, para favorecer el enriquecimiento de unos pocos a costa del interés público que paradójicamente se enarbola como bandera para justificar la operación. Y no

digo con esto que estas actuaciones sean necesariamente “pelotonas” que no “pelotudas”.

Parafraseando un magnífico eslogan publicitario cervecero “no hay que perder el Sur para poder ver el Norte”, y por ello, un alcalde no debe usar el empleo como señuelo para promover operaciones urbanísticas que en vez de dar frutos dejen el territorio baldío y especulado. Un alcalde debe saber o al menos ser conciente de que la labor política como regidor del municipio es ante todo proteger lo existente y aprovechar los recursos que tenemos para generar riqueza. Poniendo en una balanza ambos intereses, la protección y la riqueza, nos damos cuenta de que no son antagónicos, sino que pueden convivir de una forma clara e incluso complementarse. Como podemos comprobar en otros municipios como Aznalcollar, Écija, Palma del Condado, Utrera, Alcalá de Guadaira... donde conjugan perfectamente la protección del patrimonio natural con la generación de riquezas a través de la optimización de los recursos.

Las cosas no suelen ser blancas o negras, como las plantea el PP. En el camino hay multitud de grises. Los pendulazos no son buenos. Por eso, pasar de un proteccionismo absoluto como el de IU en su PGOU a una recalificación a la carta supone un movimiento público antagónico, en este caso mucho más perjudicial para los intereses de la ciudad. La creación de empleo, que está por ver, no puede estar cimentada en hurtar y socavar la igualdad de derechos. Y eso no lo puede permitir una administración. Juan Ávila debe seguir explorando vías para generar empleo y riqueza en Carmona. Para garantizar esa igualdad de derechos hay que regular, y no dejar a la discreción de los políticos de turno -alcalde incluido- la decisión de que es bueno o no para la ciudad. Por ello, hay que planificar y retomar la revisión parcial de las Normas Subsidiarias municipales sobre suelo no urbanizable del término municipal. Es una magnífica herramienta, iniciada por el gobierno anterior, para ordenar el extenso territorio del municipio donde todo tiene cabida pero cada cosa en su sitio.

Sobre todo hay que desprenderse del prurito de que todo lo anterior no vale y lo nuevo sí. Cuando hay errores hay que reconocerlos pero igual con los aciertos y el planteamiento que el PSOE hizo con esta revisión hay que llevarla a término. El lápiz del urbanismo lo debe empuñar el alcalde para preservar el interés general, no algunos promotores con el señuelo del empleo para sus intereses particulares. La revisión urbanística es lógica, y deseable porque las ciudades están vivas. Pero intentar prostituir su diseño autorizando sin criterio unánime y práctico es la forma más rápida de degenerarla. Y la factura, al final será mucho más cara para todos y todas. 

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